El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que establece el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
Este Real Decreto regula la metodología y definiciones técnicas para el cálculo de la calificación energética, así como la documentación exigible para tramitar la certificación energética de los edificios. Además, fija el contenido mínimo del Certificado de Eficiencia Energética y las condiciones para obtener la etiqueta de eficiencia energética de los edificios.
El Real Decreto promueve la activación de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que establece como objetivo a 2030 la rehabilitación de 1.200.000 viviendas reduciendo la dependencia energética y las emisiones de los edificios.
Por otro lado, la aprobación de este Real Decreto amplía el parque de edificios obligados a disponer de una certificación de eficiencia energética. De esta manera, aquellas construcciones con una superficie útil total superior a 500 m2 y destinadas a un uso administrativo, sanitario, comercial, residencial público, docente, cultural, recreativo, logístico, hostelero o deportivo deberán tener su Certificado de Eficiencia Energética.
Por último, la nueva norma distingue entre certificación de eficiencia energética de proyecto y de obra terminada, al tiempo que reduce de 10 años a 5 años el periodo de validez de los certificados de peor calificación energética.
Según Dolores Huerta, directora general de GBCe: “Una de las principales diferencias es que se va a crear un registro, que esperamos que sea público y nacional, con todos los certificados, hasta ahora recogidos por las comunidades autónomas. Esto va a permitir tener más claridad y transparencia sobre cómo se comporta y evoluciona el parque edificado”. Y añade que “el Certificado de Eficiencia Energética debería convertirse en una herramienta realmente útil para la ciudadanía, para conseguir ayudas o desgravaciones fiscales, y hacer más presente en el día a día de las personas la necesidad de medir el impacto energético de nuestras viviendas”.