Por Dolores Huerta, secretaria técnica de GBCe
Revista CIC may/jun 2018
La primera impresión es lo que cuenta. Si la forma de vestir de cada persona, es su carta de presentación, lo mismo ocurre con nuestros edificios y ciudades que reflejan fielmente la imagen de nuestra sociedad.
En los años álgidos de la burbuja inmobiliaria, en nuestro país, asistimos a un carrusel de inauguraciones de grandes centros de convenciones, palacios de congresos, museos y otras grandes infraestructuras, que buscaban retratar una sociedad moderna, a la vanguardia, con recursos casi ilimitados para conseguir poner a la ciudades en el mapa internacional, el llamado efecto Guggenheim. Poco tenían en cuenta aquellos edificios, los recursos necesarios para su construcción y mantenimiento, y el impacto asociado que iban a tener en el medio ambiente y en nuestras arcas públicas.
Lo que vino después lo conocemos de sobra, crisis inmobiliaria, crisis financiera, crisis de deuda pública y un largo etcétera del que apenas empezamos a despertar.
Pese a todo, los edificios públicos, siguen siendo la mejor carta de presentación de nuestras ciudades, y en el fondo de nuestra sociedad. La diferencia radica en qué tipo de sociedad queremos ser, y cómo se refleja eso en nuestros edificios, desde el ayuntamiento al palacio de congresos, pasando por nuestros colegios, hospitales, centros de reunión y de ocio.
Si apostamos por una sociedad democrática, equitativa, transparente, solidaria, que apuesta por la sostenibilidad y el futuro, nuestros edificios pueden y deben reflejar esos valores. Los edificios públicos, sobre todo cuando son de pública concurrencia, tienen el poder de transmitir un mensaje potente sobre como dibujamos nuestro futuro.
Aspectos como el uso de la energía, el agua y la generación de residuos, que son problemas clave de nuestra sociedad, deben tener una respuesta adecuada en los edificios públicos. Muchas de estas características, en concreto las relacionadas con la energía y el cambio climático, ya están descritas en las sucesivas Directivas de la Unión Europea sobre Eficiencia energética de los edificios de 2010, la de Eficiencia energética de 2012 y la recientemente aprobada Directiva Revisada de la Eficiencia Energética de los Edificios de 2018.
Edificios de baja demanda y alta eficiencia energética, o más conocidos como edificios de consumo casi nulo, a los que ahora se suma el “indicador de inteligencia”. Este último es de especial importancia para los edificios de pública concurrencia, ya que mide el grado de adaptación de un edificio a la demanda variable en función de su ocupación y uso. A nivel internacional, el proyecto “Advancing Net Zero de WorldGBC”, va más allá y define un edificio de 0 emisiones de carbono durante su fase de operación, y propone el ambicioso objetivo de conseguir que todos los edificios operen con esta premisa para 2050.
Resolver estos retos supone sin duda un desafío técnico mayúsculo para nuestro sector, sobre todo si pensamos que lo que tenemos que mejorar no son solo los edificios de nueva planta, si no también y sobre todo, los edificios ya construidos y en uso. Esto supone un desafío operativo y de organización, que a veces se muestra incluso más complejo que el técnico. De hecho con los edificios públicos, se da a veces la paradoja de que, siendo de todos, parece que no son de nadie. No está claro de quien depende su operación y mantenimiento, y ante la endémica falta de recursos de las administraciones públicas este problema se convierte en una gran barrera para su renovación.
La rehabilitación de nuestro parque edificado está llamada a jugar un papel clave en la necesaria transición energética y descarbonización de nuestra economía. Para ello, los edificios públicos y en especial los de pública concurrencia tienen la tarea esencial de demostrar que transformar nuestros edificios no es solo posible, si no que refleja a la perfección los valores de nuestra sociedad. Son de todos y para todos.
